Frente a la precipitación de la crisis en el seno de la Policía de la Provincia de Córdoba, y ante la falta de respuestas a las demandas ya expresadas por esta y otras fuerzas políticas en cuanto a la necesidad de una respuesta política de las autoridades de provinciales, las organizaciones que integran "Unidos y Organizados" reclamamos la inmediata renuncia del Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del Jefe de Policía, Ramón Farías.
La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas.
No se puede tolerar –a pesar de la justificación de las mismas por parte del gobernador- el tenor de las declaraciones vertidas por el Jefe de Policía, en oportunidad del velatorio del policía miembro de Drogas Peligrosas Juan Alós, encontrado sin vida en su auto el pasado sábado y cuyas circunstancias de la muerte aún resta esclarecer. El policía muerto y otros miembros de la fuerza eran investigados por presuntos delitos vinculados al comercio ilegal de drogas y fueron mencionados en una denuncia periodística.
El irrespeto hacia la Justicia, puesto de manifiesto nuevamente hoy por autoridades y legisladores oficialistas, tras los allanamientos y detenciones dispuestas por un Juez Federal, es el punto máximo al que ha llegado el gobierno de José Manuel De la Sota, que solo apela a entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico.
La autonomía policial, defendida con tanto ahínco por el gobernador, no es otra cosa que la renuncia de las autoridades políticas a la conducción de una fuerza como la Policía de la Provincia, dotada de armas y organizada no para delinquir sino para defender a los ciudadanos del delito, para brindarles seguridad. Esta policía no cumple con el rol que se le asigna como institución en una democracia donde rige el Estado de Derecho. En Córdoba, la fuerza policial, tal como lo estamos viendo por estos días, está lejos de defender a los ciudadanos previniendo el delito. Los cordobeses observamos pasmados a una institución sospechada de graves hechos delictivos, con miembros de su plana mayor cuya transparencia en su accionar está puesta en cuestión.
Mientras tanto, la conducción política de la provincia reacciona apenas defendiendo el desatino de policías que debieran someterse a su autoridad; las autoridades solo buscan eludir sus responsabilidades descalificando el accionar de la Justicia; llegaron al punto de adjudicar esta crisis al gobierno nacional.
Córdoba, 11 de septiembre de 2013.
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