Es necesario erradicar la violencia institucional en Córdoba

Comunicado de Prensa

Tras la inspección en la Cárcel de San Martín (dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba), realizada por la Unidad Fiscal de la Procuraduría sobre Violencia Institucional a cargo de Abel Córdoba, en base a denuncias por malos tratos recibidas de alojados en esa institución, desde UNIDOS Y ORGANIZADOS alertamos sobre la persistencia en la provincia de prácticas represivas y de castigo que pueden considerarse como violatorias de los derechos humanos y reñidas con las políticas que en la materia impulsa el gobierno nacional.

La detección de dos camastros de hierro y 17 cadenas, instrumentos que al decir de los detenidos son utilizados "para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas" (según sostiene la fiscalía), enciende una luz de alerta y un llamado a las autoridades de la provincia responsables para que definitivamente cesen éstas prácticas aberrantes.

No es el camino para resolver estas tremendas irregularidades el adoptado por el gobierno provincial, que reaccionó denunciando al fiscal Córdoba "por haber ingresado irregularmente en el penitenciario del barrio San Martín", a la vez que le prohibió el ingreso a la Cárcel de Bower. El desconocimiento por parte de las autoridades provinciales –en este caso la ministra de Justicia de Córdoba, Graciela Chayep- de las atribuciones de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, cuya actuación está debidamente reglamentada en el marco de los derechos y obligaciones de los fiscales. Los funcionarios de la Procuraduría pueden ingresar a las cárceles sin necesidad de una orden de allanamiento, para prevenir la violencia en las instituciones penitenciarias de parte del Estado, considerado garante de la seguridad de todos los ciudadanos que purgan alguna pena.

Frente a esta grave presunción, cual es que en las cárceles de Córdoba se violan derechos humanos elementales, desde UNIDOS Y ORGANIZADOS hacemos un llamado a las autoridades de la provincia para que los hechos denunciados sean debidamente investigados y no persistir con la lógica observada en la reacción oficial:  "denunciar al denunciante".

Córdoba, 11 de mayo de 2013.

UNIDOS Y ORGANIZADOS